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Regulación de pesca de arrastre permitirá recuperar espacios marinos afectados
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Caracas, 13 Mar. ABN.- La regulación de la pesca de arrastre, a partir de este sábado 14 de marzo, es uno de los aportes más importantes de la reforma efectuada a la Ley de Pesca y Acuicultura, pues abre la posibilidad de recuperar espacios marinos que fueron barridos por este método, lo que se traducirá en garantía de soberanía alimentaria mediante la protección del ambiente acuático y de sus recursos vivos.
La reforma, publicada en la Gaceta Oficial número 37.727 de fecha 8 de julio de 2003, revela en su artículo 23 que 'se prohíbe realizar actividades de pesca industrial de arrastre dentro del mar territorial y dentro de la zona económica exclusiva de la República Bolivariana de Venezuela...La pesca artesanal de arrastre será sustituida progresivamente por otras artes de pesca a los fines de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos hidrobiológicos y el ambiente.'
Asimismo, el objetivo de la ley, destacado en su artículo 1, revela que regulará las actividades de pesca, la acuicultura y actividades conexas, a fin de reivindicar la labor del pescador artesanal, para proteger sus comunidades, asentamientos y lugares de pesca.
De tal manera, dicho instrumento jurídico asegura una calidad de vida digna a las generaciones futuras y la soberanía alimentaria para los venezolanos, por medio de la protección del ambiente acuático y de los recursos vivos que allí se encuentran.
Los cambios efectuados actualizan la política y la legislación del Estado en materia pesquera al establecer límites para la explotación pesquera a favor del medio ambiente marino y de los pescadores artesanales, por lo tanto determina que la pesca industrial y de arrastre podrá realizarse a partir de 6 millas marinas de distancia de la costa continental y 10 millas de la costa insular, con el objetivo de reducir al máximo los daños al ecosistema marino y garantizar al pescador artesanal posibilidades reales de desarrollo y productividad.
Se establece un régimen de multas y sanciones contra las infracciones de los industriales bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Pesca, con el objetivo principal de contrarrestar la impunidad de estos sectores que invadían las zonas de pesca artesanal, destruían los instrumentos de pesca de los artesanos y dañaban el medio ambiente marino, y que luego pagaban multas insignificantes.
Entre los objetivos de esta ley se destaca asegurar la disponibilidad suficiente y estable de productos y subproductos de la pesca y la acuicultura para atender la demanda del mercado nacional.
Asimismo, la legislación busca promover el desarrollo integral del sector pesquero y de acuicultura, también establece la protección de los asentamientos y comunidades de pescadores artesanales, así como el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores a pequeña escala, así como los caladeros de pesca de los pescadores artesanales, en las aguas continentales y los próximos a la línea de costa marítima.
La ley también establece los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables que aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos, en respeto al ecosistema, a la diversidad biológica y al patrimonio genético de la nación.
Otro de los propósitos de la ley es proteger la biodiversidad natural y los procesos ecológicos, de manera de asegurar un ambiente acuático sano y seguro; garantizar los plenos beneficios económicos y sociales a los pescadores artesanales, a los tripulantes de los buques pesqueros y a los demás trabajadores del subsector pesquero y fomentar la investigación de los recursos hidrobiológicos.
La nueva ley establece la obligatoriedad de la protección social de los tripulantes de las embarcaciones pesqueras al reconocerles sus derechos sociales y laborales y otorga derechos exclusivos a los pequeños pescadores para la pesca de sardinas y otros mariscos, así como con toda la pesca en ríos y lagos del interior.
La medida establece pautas para la asistencia financiera de estos productores explotados, sobre todo créditos para las cooperativas pesqueras que garanticen su sustento.
Impone mayores impuestos a las compañías capitalistas pesqueras y normas que podrían mejorar las condiciones de los trabajadores en los barcos pesqueros industriales.
Permite la exoneración del Impuesto a los Activos Empresariales, en las actividades que impliquen la captura, transformación y procesamiento de los productos pesqueros y acuícolas que representen un aumento de la producción, que tengan importancia estratégica, de seguridad alimentaria y un claro desarrollo sostenido de la actividad pesquera.
Esta Ley, además, permite romper las roscas de intermediación y abaratar los precios de los productos marinos.
La aplicación de esta ley tiende a lograr el desarrollo sostenible del sector pesquero, mediante un régimen basado en el equilibrio de las disponibilidades existentes y su explotación racional y responsable, de modo que se consiga el empleo óptimo de los factores de producción, con lo que se favorece la rentabilidad y se mejoran las condiciones socioeconómicas del sector pesquero a medio y largo plazo, especialmente la de las poblaciones locales dependientes de la pesca.
Se busca, así, asegurar una calidad de vida digna a las generaciones futuras y la seguridad alimentaria para los venezolanos, por medio de la protección del ambiente acuático y de los recursos vivos que allí se encuentran. |
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| ABN 09:46 am 13/03/2009 |
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