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Más de 295 mil firmas recolectadas en Uruguay para derogar ley de la dictadura
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Montevideo, 20 Abr. ABN - La Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad anunció que ya lleva recolectadas más de 295 mil firmas para tramitar un plebiscito sobre la normativa y espera recibir al menos otras 10 mil rúbricas, informó este lunes Prensa Latina.
Para pedir un referendo sobre la ley que permitió la impunidad de militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985), la organización debe entregar al Poder Legislativo unas 260 mil firmas que computan el 10% del registro electoral, antes del 25 de abril.
“Todavía hay muchas firmas en camino, presumimos que ya alcanzamos las 300 mil por las reportadas desde el interior del país”, señaló uno de los promotores de la campaña y miembro del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Carlos Coitiño.
El dirigente expresó: “no queremos que pequeñas demoras frustren las expectativas populares de acabar con la impunidad”.
Coitiño confirmó que el próximo viernes representantes de la Coordinadora, compuesta por una docena de organizaciones políticas, sociales y de defensa de los derechos humanos, concurrirá ante el Parlamento para entregar las firmas.
Aunque ya superan la cifra mínima planteada por la Constitución uruguaya para tramitar un plebiscito, los promotores de la campaña aspiran a entregar 300 mil rúbricas para cubrirse de las que pueda invalidar la Corte Electoral por errores, tachaduras y otras impedimentas legales.
Desde la Coordinadora contra la Ley de Cauducidad advirtieron ese órgano no ofrece garantías de un conteo justo e imparcial, porque la mayoría de sus miembros militan en los opositores partidos Nacional y Colorado, que en 1986 apoyaron en el Parlamento la promulgación de la norma.
Si la Corte avala la cantidad de firmas, la consulta popular tendrá lugar junto con las elecciones nacionales del próximo 25 de octubre de este año.
Con referencia a los casos de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura uruguaya, la justicia hará comparecer desde esta jornada a unos 40 testigos para aclarar dos hechos que podrían arrojar nueva luz sobre la coordinación de acciones represivas por los regimenes militares del Cono Sur en la década del 70.
Hasta mediados de mayo, el magistrado Luis Charles interrogará a 24 ex militares, policías y civiles ,víctimas o partícipes de los llamados “vuelos de la muerte” desde Argentina, en 1978, donde gobernaba también una dictadura.
Por tratarse de la última etapa de recopilación de pruebas testimoniales, entre los citados no figuran los principales imputados uruguayos, el dictador Gregorio Álvarez y el ex capitán de navío Juan Carlos Larcebeau, actualmente presos por su participación los asesinatos ocurridos en el marco del llamado Plan Cóndor, donde las dictaduras de América del Sur coordinaron sus actividades represivas.
Varios testigos están dispuestos a declarar que sus interrogatorios en centros clandestinos de detención ubicados en Argentina los realizaban militares uruguayos.
Por otra parte, la jueza penal Gabriela Merialdo y el fiscal Ricardo Perciballe también tomarán declaraciones a unos 20 ex agentes de la Brigada de Narcóticos que investigaron la muerte de Cecilia Fontana.
El 25 de septiembre de 1978, la mujer falleció tras beber de una botella de vino blanco enviada en forma anónima a su esposo, Mario Heber, quien junto a otros dirigentes del Partido Nacional abogaban por el cese de la dictadura en Uruguay.
Una investigación del diario La República apunta a la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y a grupos de ultraderecha, apoyados por la CIA y la embajada estadounidense, como responsables del homicidio.
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| ABN 06:16 pm 20/04/2009 |
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