Jefe de seguridad de Rosales participó en masacre de Yumare
ABN 02/10/2006
Caracas, 02 Oct. ABN.- El pasado martes 26 de septiembre, el Ministerio Público imputó a Henry López Sisco, jefe de seguridad de uno de los candidatos de la oposición Manuel Rosales, como uno de los responsables directos de la llamada masacre de Yumare.
Este no es el único caso donde el ex comisario de la Disip ha tenido participación. El próximo 4 de octubre se cumplen 24 años de la masacre de Cantaura y el 29 de este mismo mes harán 18 años del asesinato de 14 pescadores en el caño Las Coloradas en El Amparo, estado Apure.
El ministro del Interior y Justicia, Jesse Chacón, ha afirmado recientemente que a causa «de oscuras intenciones de gobiernos anteriores» hasta ahora no se habían esclarecido estos casos que fueron reabiertos por el actual gobierno.
A propósito de este tema, durante su discurso del 4 de octubre de 2005, el vicepresidente José Vicente Rangel afirmó que los hechos de Cantaura son parte de «una operación masacre que se repite en algunos episodios como la masacre de Yumare, del caño Las Coloradas y del Caracazo, es decir, la decisión del Estado represivo de eliminar en cualquier momento y en cualquier circunstancia al adversario político, pasando por encima de la norma constitucional del respeto a la vida».
Los hechos y un testigo
El 4 de octubre de 1982, 23 jóvenes militantes del partido Bandera Roja fueron asesinados en las cercanías de la población de Cantaura, estado Anzoátegui, cuando realizaban una reunión política.
Según la reseña del diario El Nacional del 5 de octubre de 1982 «las Fuerzas Armadas emplearon entre 300 y 400 hombres de la Brigada de Intervención de los Servicios Especiales para eliminar completamente el comando del frente Américo Silva, brazo armado del grupo clandestino Bandera Roja», El Nacional (D-13/ 05-10-1982).
Albenis Urdaneta era miembro del Frente Américo Silva para el momento del ataque. Se salvó de ser asesinado, según relata, porque se encontraba en otra misión fuera del campamento.
«Los hombres y mujeres que perecieron a manos de la acción de efectivos de la Disip -expresó Urdaneta- en su mayoría eran estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que estaban congregados con representantes líderes de la guerrilla de aquel entonces. Ninguno de ellos portaba armas».
Agregó que «ellos murieron en la emboscada que les montó la Disip y el Ejército gracias a la denuncia de varios infiltrados militantes de Bandera Roja y a su vez del gobierno».
Urdaneta relató que posterior al ataque aéreo, un comando de la Disip remató a los heridos por las bombas, lo cual dejó el saldo final de 23 jóvenes desarmados muertos.
«Para presentar el crimen como un enfrentamiento con guerrilleros, los cadáveres fueron vestidos con uniformes; pero testigos hicieron notar la anomalía y señalaron que la ropa militar no presentaba desgarraduras de proyectiles», expresó.
Según afirmó el vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, «la mejor demostración de que hubo una voluntad orientada a liquidarlos implacablemente (…) es que de los 23 cadáveres, 14 presentaban tiros en la nuca, es decir, que eran personas que habían sido rematadas estando heridas».
Albenis Urdaneta informó que para el momento de la masacre, Norberto Rabanales era miembro del aparato de seguridad del Estado y también activista y combatiente de Bandera Roja, y fue quien delató la reunión que se realizaba en Cantaura.
«Rabanales hoy en día es mano derecha de Henry López Sisco, quien es asesor del equipo de seguridad del candidato Manuel Rosales», comentó Urdaneta.
Masacre acallada
Los 23 homicidios ocurridos en Cantaura no fueron investigados por los tribunales de la época. Los diarios dieron cuenta de que un tribunal militar de Maturín abrió las investigaciones contra los militantes del frente Américo Silva sin considerar las circunstancias en que los estudiantes, que no pertenecían al grupo insurgente, fueron asesinados.
Según el diario El Universal del 14 de octubre de 1982, «los tribunales militares de Maturín, estado Monagas, procesarán los cargos existentes contra el grupo de insurgentes detenidos, sobre los hecho ocurridos en Cantaura», El Universal (última página/ 14-10-1982).
El 13 de octubre de 1982 el diario El Nacional publicó que Fue abierta una investigación por parte de la Comisión de Política Interior del Congreso Nacional. El 13 de octubre de 1982. Esta comisión parlamentaria se trasladó al lugar de los hechos, «porque no se conformaban con la información obtenida a través de los funcionarios y sobrevivientes del suceso», (D 18/ 13-10-1982)
Estas investigaciones no condujeron a sanciones contra los responsables de la masacre, tanto de la Fuerza Armada Nacional como de la Disip, entre ellos, el jefe de seguridad del candidato Manuel Rosales, quien posteriormente, en octubre de 1988, participó en la llamada masacre de El Amparo, ocurrida durante los últimos meses del gobierno de Jaime Lusinchi.
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